Mientras la riqueza energética se multiplica, crece la emergencia social en la provincia que concentra uno de los mayores reservorios de hidrocarburos del país
El relato oficial sobre Neuquén suele estar asociado a una palabra que funciona casi como una promesa de futuro: Vaca Muerta. El desarrollo de la formación no convencional de petróleo y gas es presentado como el motor de una nueva etapa de crecimiento económico, generación de empleo e ingreso de divisas. Sin embargo, detrás de las cifras de producción y de las imágenes de los yacimientos, existe otra realidad que, según denuncian organizaciones sociales, permanece deliberadamente fuera del encuadre.
En los barrios populares de la capital neuquina, la discusión no gira alrededor de los récords de producción de hidrocarburos, sino de la falta de trabajo, el precio de una garrafa, las facturas de electricidad, la ausencia de alimentos y el crecimiento de las personas que duermen en la calle.
Ese contraste constituye el eje de una denuncia formulada por Soledad Urrutia, referente neuquina de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quien sostiene que los beneficios económicos derivados de la explotación hidrocarburífera no alcanzan a todos los sectores de la sociedad.
Su diagnóstico es contundente: Neuquén atraviesa una crisis social que, en determinados aspectos, guarda similitudes con el escenario de fines de 2001 y comienzos de 2002, aunque agravada —según su lectura— por el impacto acumulado de la pandemia y por las políticas implementadas durante el gobierno de Javier Milei.
Urrutia define el presente como una “pandemia de hambre y sufrimiento” y asegura que nunca había visto, en sus 42 años de vida, una cantidad tan elevada de personas viviendo en la calle.
El testimonio fue recogido por el portal Va Con Firma, en un informe publicado por Marcelo Castro, y expone una mirada particularmente crítica sobre la situación social de Neuquén y sobre las políticas de los gobiernos nacional y provincial.
La pobreza en la provincia del petróleo
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la contradicción entre la expansión de la actividad hidrocarburífera y el deterioro de las condiciones de vida de una parte de la población.
“Los beneficios” de Vaca Muerta, sostiene Urrutia, “no están llegando a todos los sectores”. Para graficar esa distancia entre el discurso de prosperidad y la realidad cotidiana, propone una provocadora comparación: si existen recorridos turísticos para mostrar el desarrollo de Vaca Muerta, también debería organizarse un “Toma Tour” por los barrios populares surgidos en terrenos ocupados.
La ironía busca poner el foco sobre una paradoja: mientras la provincia se promociona como uno de los grandes polos energéticos del país, existen familias que, según el testimonio recogido, viven sin trabajo estable, sin alimentos suficientes y sin acceso adecuado al gas.
“Ser pobre en Neuquén es muy caro”, resume la dirigente.
El dato adquiere una dimensión particularmente crítica en una provincia donde el costo de vida se encuentra condicionado por la propia dinámica de la industria energética. La expansión de la actividad petrolera y gasífera genera una economía con sectores de elevados ingresos, pero también presiona sobre el mercado inmobiliario y los costos de bienes y servicios, dejando en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes quedan fuera del circuito laboral formal.
Según el relato de Urrutia, en el asentamiento 7 de Mayo, en la capital neuquina, se registraron boletas de electricidad de hasta 400.000 pesos. A eso se suma, siempre de acuerdo con su testimonio, el costo de las garrafas: alrededor de 40.000 pesos cada una, con una duración estimada de apenas tres días.
El resultado es una ecuación imposible para muchas familias: ingresos insuficientes frente a gastos básicos que no dejan de aumentar.
El fin de Volver al Trabajo y el impacto en 8.600 personas
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la eliminación del programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo.
Según la información proporcionada por Urrutia, aproximadamente 8.600 personas en la provincia de Neuquén se verían afectadas por la interrupción del beneficio.
La dirigente cuestiona que el monto haya quedado congelado durante dos años en 78.000 pesos y recuerda que el Potenciar Trabajo estaba originalmente vinculado al 50% del salario mínimo, vital y móvil. Posteriormente, esa relación fue eliminada y el monto quedó fijado en una suma que, según su evaluación, perdió rápidamente capacidad adquisitiva.
La crítica no se limita al valor del beneficio. Urrutia sostiene que el programa constituía una fuente de ingresos para trabajadores de la economía popular, feriantes, recicladores, cooperativistas y personas vinculadas con tareas comunitarias en comedores y merenderos.
En su relato, el impacto de la eliminación excede a los beneficiarios directos. Según sus cálculos, dejarían de ingresar a la economía provincial unos 700 millones de pesos.
La dirigente remarca que esos recursos no se destinaban exclusivamente al consumo en grandes cadenas comerciales, sino que circulaban por ferias, pequeños negocios y emprendimientos barriales.
La discusión, entonces, no se reduce a una política de asistencia social. También involucra el movimiento económico de los sectores populares y el funcionamiento de una economía de proximidad que depende, en buena medida, de esos ingresos.
De las cooperativas a los comedores: el retroceso de la política social
Uno de los aspectos más significativos del testimonio es la descripción de cómo las organizaciones sociales habrían modificado su propia estructura de funcionamiento.
Urrutia sostiene que antes de la actual crisis las organizaciones desarrollaban cooperativas de trabajo, talleres de guitarra, cursos de pastelería, capacitaciones, espacios para la atención de adicciones y clases de apoyo.
No tenían como actividad principal la asistencia alimentaria.
La situación, según describe, obligó a modificar las prioridades.
“Pero tuvimos que abrir” comedores, explica, porque la demanda alimentaria aumentó y el Estado dejó de garantizar determinados recursos.
La consecuencia es un desplazamiento de la función de las organizaciones sociales: de espacios destinados a promover el trabajo, la formación y la integración comunitaria, pasaron a concentrar buena parte de sus esfuerzos en garantizar la alimentación básica.
El sostenimiento de esa estructura depende, según la dirigente, de rifas, donaciones y aportes solidarios.
La imagen que surge es la de una red comunitaria que intenta cubrir los vacíos dejados por las políticas públicas, pero que al mismo tiempo enfrenta un deterioro de sus propios recursos.
“Nunca había visto tanta gente viviendo en la calle”
Uno de los capítulos más dramáticos del diagnóstico está relacionado con la situación de las personas sin techo.
Urrutia asegura que nunca había observado una cantidad semejante de personas viviendo en la calle. Según su estimación, alrededor del 60% de quienes actualmente se encuentran en esa situación habría tenido anteriormente algún vínculo con organizaciones sociales.
La afirmación establece una relación directa entre el debilitamiento de las organizaciones y el crecimiento de la población en situación de calle.
El problema, sin embargo, aparece acompañado por otros factores: falta de empleo, dificultades para acceder a una vivienda, consumo problemático de sustancias y ausencia de políticas específicas de atención.
La dirigente afirma que las adicciones aumentaron y que el fenómeno afecta a personas cada vez más jóvenes.
En su descripción, la crisis no se limita a la falta de ingresos. La combinación de pobreza, consumo problemático, ruptura de vínculos familiares y ausencia de vivienda produciría una situación de exclusión cada vez más difícil de revertir.
También cuestiona la capacidad de respuesta del Estado provincial.
Según el testimonio, se habilitó un refugio con capacidad para 50 personas frente a una población estimada en 650 personas en situación de calle.
De confirmarse esas cifras, la brecha entre la demanda y la capacidad de asistencia sería evidente.
La dirigente afirma además que el 80% de quienes viven en la calle serían personas de Neuquén y que aproximadamente el 60% habría pasado previamente por alguna organización social.
Se trata de datos atribuidos a Urrutia y no acompañados en el material original por estadísticas oficiales, por lo que deben ser considerados como parte de su diagnóstico y no como cifras independientes verificadas.
Adicciones, violencia de género y exclusión
El deterioro social, según la dirigente, también tendría consecuencias en otros ámbitos.
Urrutia vincula la pérdida de ingresos con el crecimiento de la violencia de género. En particular, menciona el caso de mujeres que habían logrado cierta independencia económica mediante su participación en programas sociales y actividades comunitarias.
Con la pérdida de esos ingresos, algunas habrían quedado nuevamente sometidas a relaciones de dependencia económica y, en determinados casos, habrían tenido que regresar a hogares donde existían situaciones de violencia.
La problemática expone una dimensión menos visible de las políticas de ajuste: cuando una mujer pierde autonomía económica, también puede perder capacidad para abandonar un vínculo violento.
El testimonio relaciona además la situación con el aumento de los casos de angustia y con los intentos de suicidio, aunque en el material no se aportan estadísticas específicas que permitan cuantificar esa relación.
Lo que aparece es, en cambio, una descripción de un escenario de vulnerabilidad múltiple: desempleo, endeudamiento, pobreza, pérdida de ingresos, violencia y exclusión.
El gobierno de Figueroa, bajo cuestionamiento
Las críticas de Urrutia no se dirigen únicamente contra la administración nacional.
La referente social cuestiona también al gobierno del gobernador Rolando Figueroa, al que acusa de haber “denigrado” y “perseguido” a las organizaciones sociales.
Su denuncia apunta a una supuesta continuidad entre las políticas nacionales y provinciales.
Según su relato, el hostigamiento contra las organizaciones comenzó poco después de la llegada de Figueroa al gobierno provincial. Afirma que el 10 de enero, apenas un mes después de la asunción del gobernador, recibieron una carta documento vinculada con la apertura de una causa.
También recuerda allanamientos realizados contra organizaciones sociales, en los que —según sostiene— diez mujeres fueron detenidas.
La dirigente pone además en duda el modo en que se desarrollaron esos procedimientos y cuestiona la presencia inmediata de periodistas en los lugares allanados.
“¿Cómo se enteraron de esos procedimientos?”, plantea, insinuando una posible coordinación entre los operativos y su cobertura mediática.
Se trata de una acusación grave que aparece formulada en el marco del testimonio y que requeriría, para ser confirmada, documentación y otras fuentes independientes.
El juicio del 8 de agosto y la disputa por los fondos
La situación judicial constituye otro de los ejes de la denuncia.
Urrutia afirma que varias causas contra organizaciones sociales fueron archivadas o no prosperaron, pero que una de ellas continúa y tiene previsto el inicio del juicio el 8 de agosto.
Según explica, las organizaciones fueron acusadas de irregularidades vinculadas con el manejo de fondos.
Entre las acusaciones que menciona aparecen supuestos gastos por la compra de vehículos y por tres millones de pesos en “chorizos bombón”.
La dirigente rechaza esas imputaciones y sostiene que el 98% del dinero fue destinado a compañeras y compañeros por el trabajo realizado, mientras que el 2% restante se utilizó para adquirir insumos.
El problema, según su versión, estaría relacionado con la naturaleza de los contratos.
Urrutia afirma que los convenios estaban redactados para realizar “capacitaciones”, mientras que en la práctica las organizaciones desarrollaban tareas concretas de construcción y refacción.
Como ejemplo, menciona la construcción de aproximadamente 20 viviendas y la refacción de otras tantas, además de trabajos realizados en clubes.
También sostiene que algunas beneficiarias del programa Mi Pieza contaban con recursos para materiales, pero no con mano de obra, y que las organizaciones aportaban trabajadores para ejecutar las obras.
La dirigente afirma que toda la documentación y los testimonios correspondientes fueron presentados ante la Justicia.
El desenlace del proceso, según el material original, estaba previsto para el 8 de agosto.
La disputa judicial refleja una tensión más profunda: por un lado, el Estado busca controlar y auditar el uso de los recursos públicos; por otro, las organizaciones denuncian que las investigaciones se transformaron en herramientas de persecución política.
Ambas cuestiones no son necesariamente incompatibles: la transparencia y la rendición de cuentas son obligaciones indispensables en cualquier programa financiado con fondos públicos, pero también lo es garantizar que las investigaciones se desarrollen sin arbitrariedad y con pleno respeto de las garantías legales.
El fantasma de 2001 y el regreso del trueque
La comparación con la crisis de 2001 constituye uno de los elementos políticos más fuertes del testimonio.
Urrutia tenía 17 años aproximadamente cuando ocurrió aquella crisis y recuerda haber visto sufrir a su padre.
Ahora, con 42 años, sostiene que percibe similitudes con aquel período.
Entre los indicadores que menciona aparecen el crecimiento de la población en situación de calle, el retorno del trueque y el intercambio de trabajo por alimentos.
También describe el deterioro de familias que, aunque no tenían una situación económica holgada, habían alcanzado cierta estabilidad.
La pérdida de ingresos y el debilitamiento de las redes de contención habrían empujado a esas familias hacia una situación de mayor precariedad.
La comparación con 2001 es, sin embargo, un recurso político y testimonial. El material no aporta indicadores macroeconómicos suficientes para establecer una equivalencia objetiva entre ambos períodos.
Pero la referencia permite dimensionar la percepción de gravedad que existe en sectores de la economía popular: para quienes trabajan diariamente en barrios vulnerables, el escenario actual aparece como un retroceso de derechos y de condiciones de vida.
La paradoja de una provincia rica con barrios sin gas
La principal contradicción denunciada atraviesa todo el informe.
Neuquén es presentada como una provincia estratégica para el futuro energético argentino. Vaca Muerta concentra expectativas de crecimiento, inversiones y generación de divisas.
Pero esa riqueza no se traduce automáticamente en bienestar generalizado.
El relato de Urrutia plantea que el “derrame” prometido no alcanza a todos.
La postal de una provincia energética convive con otra: barrios populares donde las familias enfrentan problemas para comprar una garrafa, pagar la electricidad o garantizar la comida diaria.
La dirigente cuestiona incluso el funcionamiento del Plan Calor provincial.
Según su testimonio, mientras el gobierno difundía imágenes de camiones cargados con troncos y leña, a las organizaciones sociales les habría llegado apenas “ramerío”.
También cuestiona el momento de las entregas de alimentos y afirma que comenzaron tarde, en marzo, y que durante las vacaciones de invierno se interrumpieron durante dos semanas.
La situación descrita expone una tensión entre la comunicación política y la experiencia cotidiana de quienes reciben la asistencia.
La “pandemia de hambre” y el retroceso del Estado
La frase utilizada por Urrutia —“pandemia de hambre y sufrimiento”— sintetiza el núcleo político de su denuncia.
Para la dirigente, las organizaciones sociales fueron fundamentales durante la pandemia de Covid-19 y ahora vuelven a ocupar un lugar central frente a una crisis social que, según su diagnóstico, se profundizó con las políticas económicas del gobierno de Milei.
Pero existe una diferencia: mientras durante la pandemia las organizaciones fueron reconocidas como actores indispensables para sostener la asistencia, actualmente —según su versión— son objeto de persecución y estigmatización.
El cuestionamiento plantea un interrogante de fondo: ¿qué ocurre cuando el Estado reduce su presencia en los territorios sin que exista una estructura alternativa capaz de reemplazarla?
La respuesta, desde la perspectiva de las organizaciones, está a la vista: los comedores se multiplican, los roperos comunitarios vuelven a ser necesarios y las personas que antes trabajaban en cooperativas pasan a dedicar sus esfuerzos a alimentar a sus propios vecinos.
El problema es que esa red también tiene límites.
No puede sostenerse indefinidamente sobre la solidaridad, las rifas y las donaciones.
Una pregunta incómoda para el modelo Vaca Muerta
El informe deja planteado un interrogante que trasciende la discusión partidaria.
¿Puede considerarse exitoso un modelo de desarrollo energético si el crecimiento de la producción convive con un aumento de la pobreza, la exclusión y las personas en situación de calle?
La respuesta exige algo más que discursos oficiales o cifras de producción.
Requiere observar qué ocurre en los barrios, cuánto empleo se genera realmente para los sectores históricamente excluidos, cómo evoluciona el costo de vida y qué capacidad tiene el Estado para garantizar derechos básicos.
La denuncia de Urrutia apunta precisamente a esa brecha.
Mientras la imagen de Vaca Muerta se proyecta como símbolo de prosperidad nacional, en los barrios populares de Neuquén persisten —según su testimonio— problemas elementales de supervivencia.
Sin trabajo.
Sin vivienda.
Sin alimentos.
Sin gas.
Y, cada vez más, sin redes de contención.
El contraste constituye el verdadero lado oculto de la riqueza energética: una provincia que produce recursos estratégicos para el país, pero donde una parte de su población siente que esa riqueza ocurre a pocos kilómetros de distancia sin modificar sustancialmente su vida cotidiana.
Por eso la metáfora del “Toma Tour” funciona como algo más que una ironía.
Es una provocación política.
Una invitación a mirar aquello que queda fuera de las postales de Vaca Muerta.
A recorrer los barrios donde la promesa del “derrame” todavía no llegó.
Y a preguntarse, finalmente, quiénes son los verdaderos beneficiarios del boom energético que se anuncia como la gran salvación económica de Neuquén y de la Argentina.
