La central sindical acusó al Gobierno de realizar operativos clandestinos para desarticular las protestas que llevan 37 días. En paralelo, avanzó en el Parlamento un proyecto de Ley de Estado de Excepción, mientras los bloqueos provocan desabastecimiento y pérdidas millonarias.
La Central Obrera Boliviana (COB) denunció públicamente la existencia de una supuesta “cacería humana” contra sus dirigentes y acusó al Órgano Ejecutivo de llevar adelante “operativos clandestinos” con el objetivo de descabezar las movilizaciones populares que se desarrollan en el país desde hace más de un mes.
La denuncia fue difundida a través de las redes sociales de la principal organización sindical boliviana en el día 37 de las protestas y bloqueos de carreteras convocados inicialmente para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las manifestaciones comenzaron el 1 de mayo con un reclamo por un aumento salarial del 20 por ciento que fue rechazado por el Gobierno. Con el paso de las semanas, diversas organizaciones sociales se sumaron a las medidas de fuerza y ampliaron sus demandas hasta exigir la dimisión del mandatario.
La tensión se incrementó tras la decisión de la Justicia de dictar 180 días de detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el dirigente vecinal paceño Justino Apaza. El Ministerio Público lo investiga por presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictiva, terrorismo, financiamiento al terrorismo y atentados contra la seguridad de los servicios públicos y medios de transporte, al señalarlo como uno de los principales impulsores de los cercos a las ciudades.
Sin embargo, familiares del dirigente denunciaron que fue detenido “a la fuerza y sin exhibir una orden judicial” cuando se encontraba en la puerta de su vivienda.
A este caso se sumó la captura temporal de la exsenadora Simona Quispe, vinculada políticamente al expresidente Evo Morales. Según denuncias de su entorno, fue interceptada por personas encapuchadas y trasladada en un minibús sin placas hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La exlegisladora recuperó su libertad al día siguiente debido a la falta de pruebas en su contra.
También fue detenida la dirigente cocalera Yesenia Vargas, secretaria de la Federación Carrasco del Trópico de Cochabamba. Antes de su arresto en El Alto, Vargas había declarado a Radio Kawsachun Coca que continuaría participando de las movilizaciones para exigir la salida del Gobierno.
Avanza la Ley de Estado de Excepción
En medio del conflicto, el Senado aprobó en primera y segunda lectura el Proyecto de Ley de Reglamento de Estado de Excepción, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
La iniciativa genera preocupación entre sectores opositores y movimientos sociales, que sostienen que la normativa podría otorgar mayores facultades al Estado para intervenir frente a las protestas y bloqueos, incrementando los niveles de represión contra los manifestantes.
Bloqueos, desabastecimiento y pérdidas millonarias
La crisis también tiene un fuerte impacto económico y social. Según informó este sábado la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), existen actualmente 80 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos del país.
Cochabamba concentra la mayor cantidad de cortes con 22 bloqueos, seguida por La Paz con 19, Potosí con 15, Oruro con 12, Chuquisaca con 9 y Santa Cruz con 3.
Las interrupciones prolongadas del tránsito han dificultado el transporte de combustibles, alimentos, medicamentos, insumos médicos y oxígeno para hospitales, afectando especialmente a las ciudades de La Paz y El Alto.
La escasez de productos básicos provocó además un fuerte aumento de precios, con artículos de primera necesidad que en algunos casos duplicaron o triplicaron su valor habitual.
En el plano económico, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) advirtió que el conflicto ya generó pérdidas estimadas en 2.000 millones de dólares para el sector industrial, reflejando el impacto de una crisis que continúa profundizándose sin señales inmediatas de resolución.
